Lara Rodríguez / Alexander Carrión
El 2 de diciembre entró en vigor el Real Decreto 933/2021, que obliga a alojamientos y alquileres de vehículos a motor a registrar información de sus clientes. La medida ha generado un fuerte rechazo en el sector turístico alicantino, que denuncia la falta de diálogo y el impacto negativo en su operativa diaria.
La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) promueve la colaboración con el Ministerio del Interior para registrar y compartir la información básica de quien se aloja en un establecimiento, pero critica que este decreto, único en Europa, genera desconfianza entre los clientes.
Para un sector enfocado en la eficiencia y en facilitar la experiencia del cliente, consideran que esta normativa va en la dirección opuesta.
